Legitimación para exigir la reparación del daño causado por delitos contra la administración pública en el ordenamiento jurídico colombiano

Resumen

La corrupción es un fenómeno que afecta seriamente a los individuos y a la sociedad en general, en la medida en que distorsiona el mercado, socava la legitimidad de las instituciones e impacta negativamente sobre los derechos humanos y el desarrollo de la sociedad, entre otros efectos adversos.

Sin embargo, aunque su afectación a la colectividad es un hecho cierto, no siempre resulta clara la dimensión del daño sufrido por ésta, ni tampoco la determinación de quiénes se encuentran legitimados para exigir su reparación ante las autoridades administrativas y/o judiciales competentes.

En lo referente a la reparación de los daños causados por actos de corrupción, en el ordenamiento jurídico colombiano parece existir una “monopolización” por parte del Estado y sus instituciones que desconoce o relega la participación de los particulares. Sin embargo, en el ámbito del derecho penal, esta apariencia se contrapone al reconocimiento que ha hecho el legislador de los perjudicados del delito.

En ese orden de ideas, este artículo busca contribuir a la determinación de quiénes se encuentran legitimados en el ordenamiento jurídico colombiano para exigir la reparación de daños causados con ocasión de actos de corrupción asociados a la comisión de delitos contra la administración pública.

Para tal fin, en este artículo se determina (i) la naturaleza del bien jurídico protegido en los delitos contra la administración pública, (ii) el alcance del derecho a la reparación en relación con dichos delitos y (iii) los sujetos legitimados para intervenir en el proceso penal atendiendo a los elementos (i) y (ii) en el marco del ordenamiento jurídico colombiano.