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Alma Carmenza Erazo Montenegro
Auditora General de la República
Hablar de sí mismo, puede resultar una práctica incómoda y hasta pretensiosa. Entiendo la pregunta desde el propósito que creo que tiene, imprimirle humanidad a un contexto puramente administrativo. Eso me permite responder con tranquilidad. Me considero una mujer fundamentalmente emprendedora. En realidad, todas las mujeres tenemos esta cualidad. En el marco de mis creencias religiosas y de mi fe, siempre he procurado ser una persona ecuánime y justa en mis decisiones. Considero que el respeto es un valor supremamente importante y útil para la vida. Tener en cuenta la realidad del otro, hace posible una relación respetuosa, armónica y sensata.
El carácter emprendedor viene acompañado del gusto por el trabajo, por la
dedicación a mi familia, a mi labor profesional y, por esa vía, a mi país
a través del ejercicio de servidora pública.
Soy administradora de
empresas y me especialicé en gestión pública. Tengo más de 30 años de
estar vinculada al sector público y de estos, 25 los he dedicado al
control y a la responsabilidad fiscal, área en la que he acentuado mi
perfil profesional con las experiencias vividas como funcionaria de la
Contraloría General de la República, como contralora departamental del
Valle y como contralora municipal de Santiago de Cali; fui presidenta del
Consejo Nacional de Contralores y de la Comisión Regional de Moralización
del Valle del Cauca, lo que me ha permitido conocer la realidad y
comprender las necesidades del control fiscal territorial.
Esta experiencia tiene muchos matices. Por una parte, en lo personal fue una decisión de vida. En aquel momento era parte del equipo humano de la Contraloría General de la República, había recorrido un largo camino de aprendizaje sobre el control fiscal, haciendo parte de la entidad que define los lineamientos para el desarrollo de esta función constitucional. En ese entonces se abrió el concurso para ser contralora del Valle y decidí participar; arriesgué la comodidad del cargo que ocupaba, confié en mis capacidades y gracias a Dios fui seleccionada. Esta fue otra gran oportunidad que me dio la vida para poner a prueba mi capacidad y poner en práctica lo que había aprendido. Una situación similar viví posteriormente, cuando concursé para ser contralora de Santiago de Cali.
Este periodo de mi vida me acercó a la realidad territorial, conociendo de primera mano los factores socioeconómicos, políticos y culturales que definen la dinámica regional del control fiscal. La idiosincrasia de la comunidad, sus costumbres, la escasez de recursos y los valores humanos con los que se trabaja fueron determinantes para mi labor que, en lo personal, considero que fue exitosa, como se puede constatar en la certificación del sistema de gestión de calidad con la que entregué la Contraloría del Valle o el mismo hecho de haber presidido el Consejo Nacional de Contralores. Ejercer como contralor territorial es, a la vez, una gran oportunidad y una gran responsabilidad para cualquier ciudadano que quiera construir un país más justo desde el ejercicio de la vigilancia al uso de los recursos públicos.
Determinante. La misión de la Auditoría General le exige actuar como agente articulador del Sistema Nacional de Control Fiscal. Coadyuvar en la modernización y el mejoramiento de las contralorías territoriales no es tarea fácil.
La reforma constitucional ordenada por el Acto Legislativo 04 de 2019, mostró los caminos a través de los cuales la transformación del control fiscal era posible.
Por una parte, la ampliación del periodo administrativo de la Auditoría General de la República, pasando de dos a cuatro años, le permite emprender estrategias más ambiciosas, de largo plazo, que son las que se requieren para transformar un sistema, como lo es el control fiscal.
Adicionalmente, la nueva función que se le asignó a la Auditoría, y que se reglamentó mediante el Decreto 403 de 2020, consistente en certificar la gestión de las contralorías territoriales, refuerza el papel articulador de la Auditoría General.
Cuando digo articulador me refiero a servir de referente para los organismos del control fiscal territorial a partir de la aplicación del modelo de evaluación y del aprovechamiento de sus resultados. En ese sentido, la Auditoría está fortaleciendo una nueva capacidad, la de gestionar el conocimiento surgido de la evaluación de la gestión del control fiscal territorial.
En los resultados de las evaluaciones hay enormes oportunidades de mejora y la Auditoría tiene la responsabilidad, por una parte, de identificarlas con la aplicación de la metodología de evaluación a partir de los indicadores de gestión. Y por otra, tenemos el deber de analizar a profundidad los factores que determinan estas oportunidades de mejoramiento, de investigar con rigor científico y divulgar el conocimiento surgido, capitalizándolo, en favor de las propias contralorías territoriales y en consecuencia, del control fiscal nacional.
Para responder esta pregunta debo señalar que, para beneficio del control fiscal, se presentó una coincidencia favorable entre el momento de elección del nuevo Auditor y el trámite del Acto Legislativo. Esta situación me permitió diseñar una propuesta programática coherente con los elementos estructurantes de la reforma.
Más que ajustes lo que hicimos fue reorientar y reforzar algunos procesos
e iniciativas que la Auditoría ya venía adelantando.
La Auditoría
General es una entidad con más de 25 años de historia, y a lo largo de
todo este tiempo ha consolidado un sistema de gestión que está certificado
hace muchos años, eso nos indica que es una Entidad madura, lo
suficientemente estructurada para afrontar proyectos de largo plazo.
Hemos construido sobre lo construido. La propuesta programática por la cual fui elegida para ser Auditora General de la República, fue la base para construir el Plan Estratégico Institucional 2020-2023, que precisamente denominamos “Transformando el Control Fiscal”. En este plan condensamos los objetivos estratégicos, entre los cuales quiero destacar:
La metodología que actualiza el proceso auditor de la AGR a las nuevas normas del control fiscal y a los estándares internacionales;
Son múltiples lo frentes de trabajo si queremos transformar el control fiscal. En especial, quiero llamar la atención sobre el factor tecnológico, con su modernización buscamos gestionar el conocimiento alrededor de la vigilancia de la gestión fiscal.
El mundo de la virtualidad y la tecnología es una realidad que debemos asumir con interés, con una actitud más proactiva que reactiva. Allí hay un camino por recorrer y que seguramente nos llevará a grandes transformaciones y a buenos resultados.
La transformación del control fiscal sigue su marcha y es imparable. Los
nuevos contralores territoriales tienen el reto de subirse a un tren en
movimiento. Para ello, su rápida adaptación a las metodologías, a los
procedimientos y a sus tiempos es imprescindible.
Los contralores
salientes iniciaron un proceso de transformación con mucho interés y
compromiso, y están entregando una responsabilidad que exige de los nuevos
funcionarios el mismo o mayor compromiso.
Desde el mismo momento en que decidieron participar en el proceso de elección, los contralores no han dejado de estudiar, analizar y comprender la dinámica del control fiscal en sus territorios. Y esto no va a cambiar en los próximos cuatro años. Así es que mi recomendación queda a la vista: los contralores territoriales no deben bajar la guardia y deberán mantener su interés y compromiso con los retos que impone la reforma al control fiscal.
La ciudadanía cumple un papel muy importante en el desarrollo de nuestra democracia. La transparencia en la elección de los contralores es un atributo que le da legitimidad a la institución del control fiscal. Así es que la comunidad debe seguir ejerciendo el control social que ha venido realizando de forma individual y también a través de las organizaciones instituidas para ello, como los son las veedurías ciudadanas.
El control fiscal requiere del apoyo ciudadano. Con su mirada se pueden identificar alertas tempranas y con ello podemos imprimirle un carácter preventivo al control fiscal en las regiones.
Los órganos de control siempre estamos ahí, presentes para atender cualquier observación, inquietud o recomendación de la ciudadanía sobre el proceso de elección y sobre cualquier proceso que pueda considerar irregular.
Este año, en coordinación con la Contraloría General de la República, con la gerencia del SINACOF y el Centro de Estudios Fiscales, en el marco de un convenio que suscribimos, diseñamos y pusimos en operación un programa de certificación de auditores de control fiscal con cobertura nacional. El objetivo es nivelar las competencias de todos los funcionarios del control fiscal del país.
De acuerdo con nuestro Plan Estratégico, este año se certificó la primera cohorte, compuesta por más de 1.800 funcionarios. En 2022 esperamos llegar a la totalidad de funcionarios, especialmente de las contralorías territoriales y de la AGR, que en total suman cerca de 4.000 funcionarios.
La entrada en vigencia de la Guía de Auditoría Territorial, cuyos contenidos están alineados con las normas internacionales ISSAI, nos exigen actualizar nuestras competencias en materia del uso de las herramientas y metodologías que tradicionalmente veníamos aplicando. Ahora podremos adelantar auditorías financieras y de gestión, de cumplimiento y de desempeño, superando las anteriores auditorías regulares, auditorías especiales y auditorías exprés.
El ejercicio del control fiscal y trabajar por su transformación no es un tema de género. Este reto requiere de un gran compromiso personal y profesional. En lo personal, estar al frente de la Auditoría General de la República, ha sido muy satisfactorio. Se trata de un tema que me apasiona, por el cual he trabajado durante toda mi vida. Además, estoy rodeada de un equipo de profesionales del más alto perfil, que con su tesón y dedicación han hecho posible materializar paso a paso cada uno de los proyectos que nos hemos propuesto. En equipo estamos transformando el control fiscal.
Para contrarrestar la corrupción hay muchas cosas por hacer. Es una lucha permanente porque los corruptos no descansan, ellos siempre están a la espera de la oportunidad para dilapidar las arcas del Estado.
Las contralorías territoriales deben fortalecer tanto las acciones en transparencia activa, como en transparencia pasiva. Al mejorar las condiciones de acceso a nuestras páginas web institucionales, la ciudadanía tendrá mayor oportunidad de participar y conocer lo que hacemos como entidades públicas. El Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones expidió la Resolución 1519 de 2020, con el propósito de fortalecer este aspecto, así como la publicación de datos abiertos y la seguridad de la información. Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a los contralores territoriales para que se aseguren de dar cumplimiento a este mandato, con ello estaremos cerrando filas frente a la corrupción, con un acto muy sencillo, compartir información.
Por otra parte, están las respuestas a las inquietudes de la ciudadanía, a sus denuncias y a sus requerimientos. Acatar la normatividad en esta materia es fundamental, no solo por respeto a la misma ciudadanía, sino porque con la atención adecuada de los requerimientos ciudadanos estamos honrando nuestra democracia; estamos construyendo un país más justo y le estamos devolviendo la credibilidad a la institucionalidad pública.
Actualmente, en la AGR estamos implementando el sistema de gestión antisoborno, bajo la norma internacional ISO 37001. Queremos ser pioneros en la institucionalidad pública en la aplicación de este tipo de estrategias. Toda iniciativa es válida para enfrentar la corrupción.
Existen múltiples herramientas para combatir la corrupción. Una es la política de gestión del riesgo y el mapa de riesgos que de ella se desprende. Es recomendable hacer una buena identificación de los riesgos de corrupción, para con ello poder definir los respectivos controles y estarlos monitoreando periódicamente.
Porque la transformación del control fiscal lo requiere. Los espacios de opinión, reflexión y debate le hacen mucho bien al desarrollo de un nuevo modelo de control fiscal en el país. Lograr alineación en el manejo conceptual del control fiscal es un requisito para lograr los estándares de desempeño que queremos para el control fiscal territorial.
La divulgación de estos conceptos y de constructos especializados a partir de los mismos, es posible a través de una publicación periódica en la que puedan participar todos los funcionarios que estén interesados en estas temáticas.
Se trata de una estrategia institucional que nos permitirá divulgar el conocimiento generado por la investigación de la comunidad académica, así como el producido por la labor propia de la Auditoría a través del Observatorio de Política Pública de Control Fiscal.
Finalmente, con la revista de control fiscal buscamos promover una cultura de la producción intelectual tanto en la comunidad académica, como en la ciudadanía.