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1. Señor Contralor, ¿Cuáles son los ejes fundamentales de su plataforma estratégica para los próximos cuatro años?
Estoy ante una entidad que cumple 100 años de trayectoria, vamos a consolidar la Contraloría, para que contribuya a la gerencia pública y en lo que se refiere a la corrupción, recuperación de recursos con efectividad. Ante esos retos sintetizo en tres grandes ejes mis prioridades:
Primero: el fortalecimiento institucional tanto en lo humano como en lo tecnológico. Desarrollaremos la etapa más importante del contrato de préstamo entre la Contraloría General de la Republica y el Banco Interamericano de Desarrollo por valor de 30 millones de dólares, para la financiación y ejecución del programa que permitirá la trasformación digital de la CGR. Con un gran proceso de mejoramiento del talento humano en paralelo, ello con estrategias como: Realizar una invitación publica para conformar un banco de hojas de vida de los mejores, abrir para los funcionarios de carrera un concurso de ascenso; y, para la ciudadanía en general, abrir un concurso de ingreso a la carrera administrativa.
Segundo: fortalecer los procesos de control preventivo, en el entendido que para la sociedad y para la comunidad es mucho más importante y más significativo decisiones gerenciales y oportunas para el cumplimento de las finalidades sociales del Estado.
Tercero: Mejorar las medidas de recuperación de recursos desviados o perdidos; por un lado, con beneficios fiscales en las auditorias donde se toman correctivos, y de otro lado, para incrementar los niveles de recaudo con decisiones oportunas y sobre todo aplicando algunas medidas existentes o con reformas normativas que mejoren las instituciones y procesos de responsabilidad fiscal. De esta forma, en la primera de ellas, daremos aplicación a las facultades dadas por la Ley 2195 de 2022, por lo que entraremos a analizar de manera pronta la pertinencia de levantar el velo corporativo de sociedades vinculadas a los procesos de responsabilidad fiscal, esto con el fin de identificar dentro de sus administradores o accionistas, los beneficiarios reales de las operaciones o transacciones que dieron lugar a los daños patrimoniales objeto de investigación. No podemos permitir que se utilicen las sociedades comerciales que contratan con el Estado para fines diferentes a los legítimos, por lo que debemos aplicar de manera eficiente y eficaz las medidas adoptadas oportunamente por el congreso en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Es que hoy esos niveles de recaudo no llegan al 1% de las cuantías recuperables y por eso es urgente incrementarlos a través de esas herramientas jurídicas y tecnológicas. En la actualidad tenemos en trámite en la Contraloría General 4.927 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía estimada de $10.135.836.471.533 ($10,13 Billones), procesos en los cuales debemos tomar decisiones eficaces para lograr medidas cautelares que garanticen un efectivo recaudo al final de los respectivos procedimientos, claro está, todo con el mayor rigor jurídico para que las decisiones que se adopten garanticen el derecho fundamental a la defensa de los vinculados a las investigaciones fiscales. Este punto es trascendente, encontramos en la Contraloría una cifra 7.8 billones en fallos de responsabilidad fiscal con difícil o imposible recaudo, esto en razón a que algunos los allí declarados responsables se han acogido a procesos de insolvencia, lo que ha hecho imposible que se decreten medidas cautelares en su contra, por ello es necesario que las medidas cautelares sean eficaces antes que se profieran los fallos y de esta manera lograr el recaudo de los recursos públicos objeto de investigación.
2.- En virtud de su trayectoria profesional y teniendo en cuenta que conoce muy bien el control fiscal en las regiones, ¿Cuál cree Usted, que debe ser la estrategia para transformar el control fiscal territorial y conducirlo hacia la mejora?
Es necesario revisar y aportar al papel de las contralorías territoriales, que se fortalezcan en su capacidad financiera con el fin de que gocen de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones, ampliar sus capacidades tecnológicas con procesos de modernización como los que ha llevado a cabo la Contraloría General de la Republica y sobre todo, creo que es esencial garantizar una más adecuada articulación entre estas y la Contraloría General de la República, de tal manera que las acciones de control conjunto sean más frecuentes y más eficientes. En este sentido, el objetivo común de todos los órganos de control fiscal del país debe ser uno solo: La lucha indeclinable contra la corrupción.
Otra de las estrategias sin duda, como en la CGR, es fortalecer los sistemas de Alertas del Control Interno, en la cual los jefes de control interno de las entidades están obligados a reportar hechos u operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, donde, en el ejercicio de sus funciones, observen un riesgo de afectación o pérdida de los recursos públicos y/o de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública. Por ello considero necesario rescatar el trabajo que prestan estas oficinas, que de buena forma nos permite fortalecer el control fiscal en general, para ello debemos evaluar su mecanismo de designación y periodo para el cual son elegidos, con el objetivo que puedan ejercer realmente el control de manera independiente y autónoma en sus organizaciones, esto se traduce en la disminución de los riesgos de pérdida de recursos públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública.
Por lo anterior, me parece importante poder desarrollar ejercicios de Control Fiscal articulados con las Contralorías Territoriales que nos permitan, en primera instancia, resultados importantes en temas de Interés Nacional, pero que también sea la oportunidad de poder intercambiar experiencias e indudablemente buscar que todos actuemos con rigurosidad, independencia y efectividad en el cuidado de los recursos de todos los Colombianos.
3.- En un país como Colombia, tan diverso en tantos sentidos, ¿Qué papel juega la descentralización en el control fiscal?
La autonomía territorial en todas sus dimensiones es un instrumento que, sin duda, propicia el desarrollo de las regiones. Sin embargo, también es indiscutible que el control fiscal territorial viene siendo objeto de fuertes señalamientos, esto nos indica que es necesario revisar el modelo actual y determinar, de un lado en qué aspectos es necesario fortalecerlas, pero de otro, precisar cuáles de ellas son necesarias y viables.
Este tema se puede abordar desde la realidad de cada región, municipio y vereda. En el sentido que el control fiscal debe procurar que los recursos públicos sean usados para satisfacer las necesidades de todos los grupos sociales, en ese sentido el gasto, su priorización y su destinación final es más fácilmente fiscalizable si se tiene la sensibilidad de primera mano, si se conocen a los grupos organizados de ciudadanos de forma que el control fiscal sea próximo más humano y menos frío y contable.
Por esto, cada una de esas Contralorías Territoriales debe tener la capacidad de velar por el cuidado de cada peso que llegue a sus regiones de influencia y de manera técnica e independiente poder mostrar los resultados que todos esperamos.
En este sentido, es pertinente señalar que los ajustes a la forma de elección de contralores territoriales a través de convocatoria pública, han propiciado escenarios de mejora en la autonomía e independencia por la que propende la Constitución Política, no obstante, las precariedades que se manifiestan con la dependencia presupuestal de los sujetos vigilados, dependencia que llega incluso al uso de espacios físicos en la propia entidad territorial, trazan objetivos de mejora y estrategias que se deben abordar prioritariamente para que al funcionario de control fiscal se le permita ejercer sus funciones libre de presiones o escenarios que lo privan de tranquilidad frente a los recursos necesarios para el buen funcionamiento de ese control fiscal descentralizado.
4- Para terminar, ¿en qué medida afecta al control fiscal la forma actual de elección de los contralores territoriales?
Para dar respuesta es importante señalar que la elección para acceder al cargo de contralor territorial fue objeto de reforma. En la actualidad el sistema busca garantizar un proceso evidentemente meritocrático en el cual el Artículo 6 del Acto Legislativo No 4 de 2019, otorga una facultad reglamentaria de carácter permanente a la Contraloría General de la República para desarrollar los términos generales de los procesos de convocatoria pública para la elección de los contralores departamentales, municipales y distritales, así debemos encargarnos a futuro de determinar cuidadosamente las etapas del proceso de selección, la forma de calificar las pruebas realizadas, siempre en búsqueda del mérito de los participantes, en donde se realice un análisis detallado de desde el proceso de inscripción hasta la calificación final, proceso en el cual se podrá tener la intervención objetiva por parte de las universidades públicas de alta calidad, al realizar un proceso transparente de estudio de antecedentes, aplicación de pruebas y presentación de una terna de elegibles a la corporación pública encargada.
Por tanto, respecto al punto central de su pregunta, el proceso en si no afecta las decisiones sobre el ejercicio del control fiscal, ya que con esta nueva forma se logró reducir la incidencia de los diferentes sectores políticos en la elección dejando en claro que las convocatorias a realizar para acceder a estos cargos establecen lineamientos y conocimientos claros para el ejercicio óptimo de las funciones a ejercer. Debemos garantizar con la facultad reglamentaria que la persona elegida hubiere obtenido el mérito para ser elegido en tan importante responsabilidad.