Identificación de los efectos de la ley de garantías del proceso electoral colombiano: un análisis desde la contratación territorial

Resumen

La Ley de garantías fue expedida por el Congreso de la República de Colombia en el año 2005 con el fin de restringir la capacidad de contratación del Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales en el contexto de las campañas electorales. La Ley de garantías prohíbe la contratación directa y la celebración de convenios interadministrativos con el fin de que los recursos públicos no sean usados con propósitos electorales a favor de los candidatos cercanos al gobernante. El documento presenta evidencia y un método análisis de los efectos de la Ley de garantías sobre la contratación estatal de los entes territoriales. Los datos provienen del Sistema de Información de la Auditoría General de la República y corresponden aproximadamente a 3.2 millones de contratos públicos registrados por los entes territoriales ante los entes de control en el periodo enero de 2016 y octubre de 2021; se usa este periodo porque corresponde a la entrada en vigor del Sistema de Información de la Auditoría General de la República. La evidencia señala que la Ley de garantías no afecta el comportamiento de la contratación territorial en ninguna de las modalidades de selección; ni la suma agregada mensual de los valores de contratación ni el número de contratos son afectados por la aplicación de la Ley de garantías. Una explicación de este resultado es que la clase política territorial aprendió a usar la Ley de garantías en términos de suavización del gasto público a lo largo del año fiscal.
Esta explicación es plausible en la medida en que hay evidencia testimonial y criminológica sobre la capacidad de las élites políticas territoriales para aparentar el cumplimiento de la ley.